Es
un primer paso y muy importante, pero ni mucho menos definitivo. El
Ayuntamiento de Barcelona no dará licencias de obras ni de actividad durante un
año para evitar que siga el imparable cierre de comercios emblemáticos de la
ciudad. La medida se anunciará oficialmente mañana, durante la comisión de
Economía.
La
suspensión de licencias era una de las principales reivindicaciones de la
Asociación de Establecimientos Emblemáticos y fue también una propuesta de Unió
per Barcelona en el pasado pleno municipal. “Sufrimos por no llegar a tiempo”,
dijo Jordi Portabella en su ruego al alcalde. Xavier Trias, se comprometió a
tenerlo en cuenta y la respuesta ya ha llegado. PSC e ICV-EUiA también han
presentado y defendido medidas similares en los últimos plenos.
El
principal objetivo de la medida es “detener el goteo de cierres para eliminar
la presión” del calendario y buscar con la cabeza fría la mejor solución
posible, según explicó el abogado de la asociación, Josep Cruanyes. Pero el
acuerdo no será nada fácil.
El
principal problema con el que se encuentran los negocios emblemáticos de la
ciudad es que difícilmente podrán seguir pagando el alquiler del local, porque
a finales de año termina la moratoria de la Ley de Arrendamientos y las rentas
antiguas pasarán a la historia. Algunos comercios, como la librería Canuda, ya
han cerrado para siempre y muchos otros temen estar condenados al mismo
destino. En algunos casos, el alquiler se disparará de los 1.000 euros
mensuales a los 9.000, pero según la superficie que ocupe y su ubicación, el
nuevo alquiler que pida el dueño puede superar los 20.000 euros mensuales. Hay
firmas dispuestas a pagarlos, pero son de multinacionales que nada tiene que
ver con los comercios de toda la vida que, para muchos, forman parte del
patrimonio de la ciudad y la dotan de personalidad.
Una
vez fijada la suspensión de licencias, será el momento de elaborar un listado
de negocios a proteger, que según fuentes municipales, puede llegar “a los 400
establecimientos”. Durante este año, también se creará una comisión técnica,
formada por los distintos colectivos implicados, que “determinarán qué
significa ser emblemático” y cómo se deben proteger.
A
pesar de la contundencia de la medida, aplaudida como primer paso por los
defensores de la protección, el Ayuntamiento sigue defendiendo que no
intercederá en el acuerdo entre el propietario y el inquilino, porque se trata
de “un pacto entre dos privados” y añaden que los que no tengan “viabilidad
económica” acabarán cerrando. Fuentes municipales pusieron como un posible
ejemplo a seguir lo que sucedió con la histórica tienda El Palacio del Juguete,
que se trasladó del Portal del Ángel a otra calle menos céntrica para poder afrontar
el nuevo alquiler.
Cruanyes,
letrado de la asociación, celebró ayer la medida del Ayuntamiento pero advirtió
que “ahora hay que comprobar de qué trata está suspensión de licencias”. La
entidad quiere que se tomen como modelos Roma y París, donde se han protegido
los locales emblemáticos pero también las actividades que se ejercen, al
considerar los negocios patrimonio municipal. El abogado recordó que “el
patrimonio no solo protege los valores artísticos, sino todos los valores
culturales”.
El
conflicto de intereses aparece cuando se tiene en cuenta al dueño del local,
que lleva años esperando el fin de la moratoria para enterrar la renta antigua,
buscar un nuevo inquilino y multiplicar sus ingresos. Cruanyes insiste en que
“la propiedad se tiene que ejercer con una función social”, y que hay que
evitar la “ley de la selva”, es decir, que hay que poner el patrimonio
colectivo por encima del privado.
InverCor Consultoría
Traspaso y cesión de comercios
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